Ayer comentaba con Ana un artículo de Pérez-Reverte, publicado en El País, titulado “Permitidme tutearos, imbéciles”. Ya hemos hablado mucho sobre los problemas de la educación (ella es “maestra de la pública”), muchas veces quejándose de los inconvenientes que tiene(n) para desarrollar su trabajo. Si a ello traemos a colación el famoso informe PISA, las quejas surgen a borbotones: faltan maestros, los que hay tienen que hacer un esfuerzo suplementario con la población inmigrante, desprestigio de la profesión de enseñante, agresiones por parte de los padres (algunos), falta de motivación entre los profesionales, precariedad (interinos), escasa formación en nuevas tecnologías, etc.
Pero todo se resume en un problema claro: no se dedica suficiente dinero a la educación.
Yo defendía, además, la tesis de Pérez-Reverte: la excesiva producción legislativa en materia educativa en los últimos treinta años. Esta proliferación normativa, por desgracia, no sólo se da en el ámbito de la enseñanza, es una lacra de todo el Derecho Administrativo (sí, con mayúsculas). La maraña de normas hace harto complicado desenvolverse en el actuar de Administración y administrado, sobre todo, si mucha de la producción legislativa es para, a su vez, modificar o derogar, normativa de signo contrario anterior.
La izquierda siempre a pecado de “legalismo”, confiando en que las leyes cambian la sociedad como si tuvieran un efecto “revolucionario” per se. Pero la historia nos demuestra que no es así. Un ejemplo es la Ley Integral de Violencia de Género, que, pasado ya un tiempo, no ha conseguido ni siquiera disminuir el número de crímenes contra las mujeres, con la frustración que está empezando a provocar. Y la derecha, en los ocho años que gobernó Aznar y en las comunidades autónomas donde está en el poder, sólo se dedica a desmantelar la enseñanza pública, en beneficio de “sus” centros privados.
Las leyes educativas (excesivas en tan poco tiempo, y unas cambiando la filosofía de la anterior) lo que están consiguiendo es desorientar a los profesionales. Y, para colmo, si las asesoras (es) de la “Cándida de turno” (la consejera de educación) se dedican a “poner su sello” inventando “actividades obligatorias” (años de Einstein, Mozart, Juan Ramón, planes de coeducación y otros...) y no se ponen más medios, lo que se consigue es que los/ maestros/as pasen más tiempo en tareas burocráticas (rellenar expedientes) que en su labor principal, que es educar, enseñar a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos.
Pero todo se resume en un problema claro: no se dedica suficiente dinero a la educación.
Yo defendía, además, la tesis de Pérez-Reverte: la excesiva producción legislativa en materia educativa en los últimos treinta años. Esta proliferación normativa, por desgracia, no sólo se da en el ámbito de la enseñanza, es una lacra de todo el Derecho Administrativo (sí, con mayúsculas). La maraña de normas hace harto complicado desenvolverse en el actuar de Administración y administrado, sobre todo, si mucha de la producción legislativa es para, a su vez, modificar o derogar, normativa de signo contrario anterior.
La izquierda siempre a pecado de “legalismo”, confiando en que las leyes cambian la sociedad como si tuvieran un efecto “revolucionario” per se. Pero la historia nos demuestra que no es así. Un ejemplo es la Ley Integral de Violencia de Género, que, pasado ya un tiempo, no ha conseguido ni siquiera disminuir el número de crímenes contra las mujeres, con la frustración que está empezando a provocar. Y la derecha, en los ocho años que gobernó Aznar y en las comunidades autónomas donde está en el poder, sólo se dedica a desmantelar la enseñanza pública, en beneficio de “sus” centros privados.
Las leyes educativas (excesivas en tan poco tiempo, y unas cambiando la filosofía de la anterior) lo que están consiguiendo es desorientar a los profesionales. Y, para colmo, si las asesoras (es) de la “Cándida de turno” (la consejera de educación) se dedican a “poner su sello” inventando “actividades obligatorias” (años de Einstein, Mozart, Juan Ramón, planes de coeducación y otros...) y no se ponen más medios, lo que se consigue es que los/ maestros/as pasen más tiempo en tareas burocráticas (rellenar expedientes) que en su labor principal, que es educar, enseñar a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos.
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