Revés judicial de la derecha

Desde hace unos días la ultraderecha, comprometida por la crisis del PP, viene lanzando sus ataques al Tribunal Constitucional, en la línea de intentar controlar todos los resortes judiciales. Después de las recusaciones exitosas contra magistrados conservadores, la mayoría no estaba a su favor y hay cuestiones peliagudas, de las que los ultras han hecho campaña fogosa, que tienen que sentenciarse próximamente, como la ley de matrimonios gays o el Estatuto de Cataluña. La repentina muerte del ex gobernador civil de Almería cuando en la muerte de un activista de izquierda por la policía, durante la transición, García Calvo, dejó consagrada la mayoría “progresista” en el Tribunal. Ya los propagandistas del semanario Época insinuaron la intervención del Centro de inteligencia gubernamental (el CNI) en esa muerte, cosa a todas luces calumniosa. Pero es ABC, quien aprovechando el lío de Ana G. Obregón sobre su guardaespaldas, quien lanza otra maledicencia. Afirma que la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, estaba siendo investigada por asesorar ilegalmente a una implicada en el caso, acusada de matar a su marido.

La ofensiva se siguió por los de siempre (Libertad digital, El Mundo, etc) y el PP se sumó pidiendo por boca de Federico Trillo la cabeza de la presidenta ya que "institucionalmente, la presidenta ha puesto al Constitucional en una situación insostenible y la salida está en sus manos. Ella tiene que saber valorarlo". Se pretendía una reunión para cargarse a la presidenta.

La cuestión de la investigación a la magistrada debía ser resuelta por el Tribunal Supremo, al ser ésta persona aforada. Y así ha sido, pero en sentido contrario al perseguido por la tropa ultraderechista: ha archivado la causa por no existir delito alguno. El supuesto asesoramiento a la acusada de la muerte de su marido, deducido de la conversación telefónica gravada no es delito. Dice la resolución del archivo: "no todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo. Sólo aquél que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública puede ser objeto de persecución penal".

Otro varapalo judicial a la derechona. Otro fracaso más en su intento de gobernar por la puerta falsa, anulando por vía judicial lo que el Gobierno socialista, legítimamente elegido por la soberanía popular, consiga aprobar en el parlamento español. En Andalucía lo estamos padeciendo con la actuación de determinados jueces ultraconservadores que están aplicando su ideología y religión en lugar del ordenamiento legal. Pero hoy otra vez han sufrido un duro revés. No obstante seguirán y, a pesar de exigir responsabilidades políticas cuando los oponentes han sido los perdedores, seguro que ninguno de los difamadores dimitirá.