La piscina de Pedro J. y la reforma de la ley de costas

Cada día que repaso el actuar tanto de gobierno como de la oposición me asaltan la duda, la perplejidad y el hastío. Hoy vemos esta noticia en El País:

La oposición critica el atajo legal de Espinosa
R. M. - Madrid - 03/02/2009
La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, afirmó ayer que "no hay ninguna modificación" de la Ley de Costas, informa Efe. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Navegación Marítima, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre y actualmente en tramitación, modifica en su disposición final la Ley de Costas. Con la reforma, las concesiones otorgadas a las viviendas construidas sobre la playa antes de la ley de 1988 podrán venderse y comprarse. Hasta ahora, sólo se podían heredar y estaba prohibida, salvo excepciones, la venta.

¿A qué viene esto?. Me ha recordado cierto asunto:

El Gobierno legaliza la piscina de Pedro J. Ramírez

Una resolución de la Dirección General de Costas acepta la propuesta de regulación del uso público presentada por el director de 'El Mundo'

El Gobierno ha "legalizado" la piscina que Pedro J. Ramírez tiene en terreno público en su mansión de Mallorca. Así consta en un oficio del Ministerio de Medio Ambiente, fechado el 7 de julio y al que ha tenido acceso la SER. Se trata de una resolución firmada por el director general de costas, José Fernández, por delegación de la ministra del ramo, Cristina Narbona.

Cadena SER 11-07-2006

En su momento se argumentó que Pedro J. era un “personaje público amenazado”, lo que levantó las protestas de los ecologistas y de otros grupos políticos opuestos a la piscina, anunciando hasta querellas contra el ministerio.

El PP y sus seguidores mediáticos defendieron al director de El Mundo, hasta amparando manifestaciones de apoyo frente a su finca.

Ahora, tras estos dimes y diretes, tras apoyos y desafectos varios, volvemos al baile de la yenka (“Vamos a bailar la yenka, vamos a bailar la yenka, Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante atrás; un, dos, tres...”).

Quienes criticaban, aceptan; quienes defendía, atacan al defendido; quienes pedían legalidad, se saltan las reglas y procedimientos legislativos, y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, para reformar otras leyes y, presumiblemente, dar amparo a lo que otros hicieron (la compra de la piscina) y la resolución que se adoptó (la legalización de la actuación del periodista) en su día. O, al menos, a esto es lo que me suena a mí: Si se reforma la ley de costas, permitiendo la venta de las concesiones en dominio público marítimo, de alguna forma se da cobijo a lo que hizo en su día Pedro J., (La ya popular pileta fue construida en 1974. El propietario de la casa en aquel momento era el académico Joaquín Calvo Sotelo y obtuvo una concesión administrativa para levantar la edificación en terreno de dominio público marítimo terrestre, sin perder su carácter "público". La licencia caducó poco después de la muerte de Calvo Sotelo, en 1995, y su viuda, Giuliana Ario dejó de pagar el canon preceptivo. El chalet fue adquirido por el conocido periodista 1999 y la piscina obtuvo una nueva licencia en 2001, con carácter "general, público y gratuito".) y queda “justificado” que se le otorgue esa concesión administrativa “especial” para “protegerle”. ¿Soy malpensado?. Tal vez, pero decisiones gubernamentales, como ésta, no me parecen “inocentes”, y como decía al iniciar este post, algunas actuaciones me provocan perplejidad. ¿Alguien me lo puede explicar?