Yo apoyo a Garzón

Yo apoyo a Garzón porque no es justo que le condenen por prevaricación, cuando en vía procesal hizo caso al fiscal y reconoció su falta de competencia en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. Porque sí, a mi juicio, era incompetente para ordenar abrir la fosas, cosa que corresponde a otros juzgados y no a la Audiencia Nacional. También incompetente para juzgar a miembros del régimen de Franco, cuyos delitos fueron amnistiados por ley en la primera legislatura de la democracia recuperada tras la muerte del dictador. El fiscal recurrió las decisiones que él consideraba contrarias a derecho y finalmente Garzón asumió esa tesis, en el seno del proceso. Por tanto su conducta no puede ser considerada prevaricadora.

Sé lo que esta acusación supone. Yo, junto con otras cinco personas más, fuimos acusados de prevaricación por un supuesto enchufismo en el ayuntamiento de Palma del Río, existente solo en la mente del partido denunciante, el partido andalucista, deseoso de dañarnos tras más de veinte años de frustración, de elecciones perdidas, una tras otra. Por dos veces los tribunales nos han dado la razón. El juzgado de instrucción archivó la denuncia “dada la fecha de presentación de la denuncia, la inexistencia de recursos administrativos o contenciosos administrativos contra las resoluciones dictadas durante el proceso de selección y la inexistencia de indicios que acrediten el incumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos por parte de los denunciados, no concurren ni siquiera ab initio los elementos de la infracción penal denunciada.” El partido denunciante recurrió y la audiencia provincial confirmó el archivo, porque la vía penal es la “última ratio” del derecho y el delito de prevaricación se reserva a los casos más graves, groseros, indudables, cuando la decisión es clara y rotundamente contraria a derecho. Además acusó a los denunciantes de abusar de la jurisdicción, pues si tenían algo que decir era en sede contencioso-administrativa, no penal. Sé por tanto por lo que está pasando Garzón. La injusticia de que le sienten en el banquillo cuando él resolvió en el sentido del fiscal, que teóricamente es el mismo de quienes le denunciaron. Cuando él terminó resolviendo en contra de sus primeras pretensiones.

Pero ya dije en otro post que a este juez se le juzga por otros motivos, pues así lo han declarado los voceros de la derecha. Se le juzga por “su incompetencia al instruir, su afán de protagonismo, su participación en política, o su papel en el llamado caso Faisán”, como si estos comportamientos fuesen delictivos. Hay mucho odio político, profesional, mediático, contra Garzón. Y aunque soy de la opinión de que se equivocó, iniciando el procedimiento por crímenes contra la humanidad y otros delitos, no estoy de acuerdo en que su actitud fuese prevaricadora.

Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero no creo que deba ser juzgado, y menos, condenado por prevaricación. Los que vivimos la Transición recordamos cuando se pidió la amnistía. Fue un pacto. A regañadientes, pero para ambas partes. Los delitos que cometimos los que nos “movimos” contra el franquismo y sus herederos quedaban perdonados, los presos políticos salieron a la calle y sus sentencias anuladas. Pero también fueron amnistiadas las acciones de los franquistas y sus servidores. El dictador murió en la cama y la transición se hizo desde dentro, porque un referéndum (que perdió la oposición democrática) confirmó la vía de la reforma del régimen en lugar de la ruptura. Querer ahora juzgar las acciones de otros tiempos, si se anulase la ley de amnistía, equivaldría volver atrás, para unos y para otros, también en perjuicio de los que luchamos contra el franquismo, de forma ilegal, según la legalidad de entonces (no lo olvidemos). El franquismo se merece un juicio, pero no jurídico, sino político e histórico. No tiene sentido enjuiciar desde el punto de vista jurídico hechos como la invasión musulmana, o la reconquista, la destrucción de templos paganos, o los tribunales de la inquisición. No es jurídicamente procedente, porque responde a otra mentalidad basada en el odio y la violencia, luego "legitimada". Pero es que, además, si queremos hacer un juicio de los hechos del pasado no podemos olvidar que la experiencia republicana, cuyo aniversario celebramos hoy, no fue precisamente un éxito. Hubo hechos también execrables (como los numerosos asesinatos de miembros del clero católico, por el hecho de serlo) que motivaron que una parte de los españoles (media España, se dice) viera con buenos ojos un hecho bárbaro como es un golpe de estado, como el que dieron los militares en 1936, y provocaron la guerra civil posterior, con toda su carga de horrores y venganzas de los vencedores. Crímenes hubo en ambos lados. ¿También podría alguien iniciar juicios por crímenes contra la humanidad y genocidio en estos casos, si se anulara la ley de amnistía?. Me temo que sí, fuese cual fuese el resultado final. Un continuo “ir para atás” exigiendo responsabilidades penales no es lo más oportuno, ni llevaría a nada bueno, solo al enfrentamiento de quienes no vivimos aquello. Lo que sí tiene sentido es satisfacer el deseo de los familiares de los ejecutados y asesinados, cuyos cuerpos están todavía en cunetas y fosas comunes, a recuperarlos para honrar su memoria. Pero para eso hay otra legislación (vigente entonces y ahora) sobre enterramientos ilegales y están otros procedimientos y órganos jurisdiccionales.

Garzón rectificó y el juicio al que se le quiere llevar es un abuso de jurisdicción, como el que sufrimos nosotros en Palma del Río. No se puede entender que existe prevaricación porque se disienta sobre la ley aplicable. Eso es lo normal en todo los juicios y pleitos, y éstos no terminan con la condena penal del perdedor del juicio. Y existen los recursos y cuando una instancia superior anula una decisión jurisdiccional anterior, no termina condenando penalmente al órgano judicial que la dictó. Esto es un sinsentido.

Por ello y, repito, a pesar de mi discrepancia jurídica con Baltasar Garzón, hoy muestro mi solidaridad con este juez, pues se pretende hacer una injusticia con él, solo para beneficio de unos impresentables (FE y de las JONS, Manos Limpias...), y con el amparo de la derecha, supuestamente democrática, que ve la posibilidad de “dar una lección” al que destapó la corrupción del PP, en el llamado caso Gürtel. El estado de derecho debe seguir su camino, pero no nos merecemos una injusticia histórica como ésta.