Afortunadamente el reglamento que desarrolla esas disposiciones de la ley de economía sostenible, que aprobaron PSOE, PP y CiU, conocidas como "ley Sinde", no ha sido aprobado hoy en el consejo de ministros. Con las noticias que corrían por la red la cosa era preocupante. No estoy de acuerdo con la "ley Sinde" así que me parecía y me parece mal que se desarrollase. El gobierno en funciones no puede aprobar un reglamento como éste. Y no entiendo el afán de Zp por pasar a la historia haciendo la puñeta a sus votantes hasta en el último momento de su periodo de gobierno, como hizo el pasado consejo con el indulto a Alfredo Sáenz. Menos mal que ha rectificado, aunque todavía queda alguna sesión más, antes de que tome posesión Rajoy. Lo mejor es que si el PP quiere este reglamento, que lo aprueben ellos y asuman su responsabilidad, no el gobierno saliente. Así que reproduzco el nuevo manifiesto, por si todavía pretenden aprobar la dichosa norma, antes de irse.
Ante la previsible aprobación dentro de unas horas de la
polémica Ley Sinde, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando -como
hicimos en el Manifiesto de 2 de diciembre de 2009- nuestra firme
oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que
afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión,
información y el derecho de acceso a la cultura a través de
Internet. En principio no parece de recibo que un Gobierno en
funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos
Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las
presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid,
como revelaron los cables de Wikileaks. En todo caso insistimos en
estos razonamientos:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la
privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la
tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir
siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin
sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el
artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no
judicial -un organismo dependiente del Ministerio de Cultura-, la
potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier
página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo
el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos
de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la
creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y
ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos
creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los
sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo
tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias
culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a
vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y
actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios
legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este
nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se
basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es
posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro
modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para
sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y
que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones
tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen
perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias
políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos
modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo
libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad
de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse,
como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista
de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad
intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el
conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de
las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben
aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado
previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se
realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en
una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Mejor que sean otros, si tienen que "arrear", que menudos estacazos nos están dando ya. Al menos se llevarán alguna crítica, y no solo el gobierno saliente.
ResponderEliminar¡Buen fin de semana! y puente, si lo tienes :-)