El arzobispo de Granada y los subsidios

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, polémico por algunas declaraciones, ha vuelto a darnos lecciones desde el púlpito. Critica a los jóvenes que quieren ser funcionarios y califica esta aspiración de "enfermedad social". Además propugna un "cambio de cultura" que tiene que ver con la fe y "cierta capacidad de riesgo", censurando el carácter de "pueblo subsidiado" de la sociedad española. 

Entiendo que quisiese congraciarse con las autoridades locales, del PP, de la ciudad granadina, asumiendo el discurso "liberal", muy en la línea de los recortes que estamos sufriendo, en pos de una política de austeridad. La crítica al subsidio público es moneda común entre estos sectores, a los que sin duda ninguna apoya el arzobispo y la cúpula dirigente de la Iglesia católica española. Lo que ocurre es que el señor prelado, con amplio currículum académico y de cargos, parece que no entiende que algunos debamos buscarnos el pan de cada día, pescando donde se pueda, incluyendo la Administración pública. Comparto con él que no se puede acabar con el desempleo solo apechugando el Estado con la contratación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, al estilo soviético. Pocos son los que en estos días podrán pensar en una medida así, tras el derrumbe, por ruína y colapso propio, de ese sistema, que feneció ya hace años. Pero llamar enfermos a quienes estamos sacrificando nuestro tiempo, dinero, esfuerzo personal y el de nuestras familias, estudiando muchas horas al día, y compitiendo por un puesto de trabajo en la Administración pública, es un insulto. Y yo, desempleado, y opositor, me siento insultado por el señor arzobispo.

Indignante es oír estas palabras de alguien que dirige una institución que se alimenta, precisamente, de subsidios del Estado, incumpliendo las obligaciones de autofinanciación suscritas en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. No voy a entrar en el sistema, perverso y fraudulento, de financiación de la Iglesia, que se consigue detrayendo de los ingresos del Estado para sus propios fines, cantidades ingentes de dinero para esta entidad. El que exista un sistema así es en sí mismo censurable. Lo malo es, además, que contra "estos subsidios" el prelado granadino no dice nada, pero sí critica otros subsidios, al modo de aquel aristócrata, nostálgico de tiempos medievales, que criticó el PER, no hace mucho. No le he oído nada sobre la Disposición Adicional Séptima y la Octava del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 

Esas disposiciones que garantizan la entrega a cuenta mensualmente de 13.266.216,12 euros a su Iglesia y que prorroga por un año los beneficios fiscales a quienes colaboren en la financiación de actos de la Iglesia y de inversión en sus bienes. Estos subsidios nos los critica el señor arzobispo. Como no critica que haya "educadores" en nómina del Estado, como si fuesen funcionarios, aunque sin oposición, nombrados a dedo, para dar clases de religión en los centros públicos. No le parecerán estos subsidios una "enfermedad" que deba curarse con un "cambio de cultura por la fe". Aquí ellos no quieren asumir riesgos. Esa "cierta capacidad de riesgo" que la suframos los opositores y los parados, ¿no?