Se conoce en derecho y en la teoría científica política como democracia militante aquella que pone límites a la reforma constitucional y a la actuación de los partidos políticos, con el fin precisamente de defender los valores constitucionales y democráticos. Parte de un concepto de democracia como sistema de valores, no solo como "procedimiento". Surge este concepto en Alemania, tras la segunda guerra mundial, gracias al texto constitucional (la Ley Fundamental de Bonn), como reacción al periodo anterior (nazi), intentando preservar la vigencia de la constitución, declarando ilegales los partidos que se opongan a sus principios y que pretendan su reforma "para darle la vuelta como un calcetín", podríamos decir.
La Constitución española de 1978 no es una constitución que responda a este concepto de democracia militante, pues el mismo Tribunal Constitucional lo ha declarado así, exponiendo que responde al modelo de "constitución abierta". Tiene varios procedimientos de reforma, incluido uno "reforzado" con especiales garantías y trámites, que permite la reforma total. Sin embargo en nuestro pasado reciente vemos cómo el concepto de "democracia militante" se abre camino. El mismo texto constitucional lo permite, por ejemplo, en su preámbulo o en su título preliminar, donde el artículo 1 proclama: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político." Estas declaraciones recogen lo esencial de los valores del texto constitucional, que, de pretender su derogación, nos llevaría no a una reforma, sino a un verdadero cambio de régimen. También el artículo 6, regulador de los partidos políticos, impone unos límites dentro del respeto a los principios constitucionales: "...Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos." No vale cualquier partido, cualquier ideario o forma de funcionar, deben ser democráticos.
El código penal castiga las actividades ilícitas de grupos contrarios a los principios constitucionales. Y la ley de Partidos Políticos de 2002, en su artículo 10, entre otras causas, prevé la disolución de éstos "Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9." Esto también nos indica cierta tendencia hacia la democracia militante, aunque, repito, el Tribunal Constitucional lo negara incluso en la sentencia que declaró ajustado a la Constitución este último texto legal.
¿A qué viene esto? Ayer, con motivo de la fiesta de Cataluña, en uno de los actos en Madrid, un grupo de fascistas irrumpió violentamente agrediendo a los participantes.
Los agresores portaban, entre otras, banderas de Falange y de Democracia Nacional, dos partidos legales, según el registro del Ministerio del Interior. Estos actos violentos no pueden ser considerados lícitos, independientemente del fin que persiguiesen (defender la unidad de España). Estos partidos, en su historia, ideario y actuación se han mostrado abiertamente contra el orden constitucional y los valores democráticos, con lo que podrían considerarse enemigos de nuestra Constitución. Les precede una organización interna y unas actividades claramente anti-democráticas. Así como ser defensores del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura posterior a la guerra civil, imponiendo sus ideales de forma claramente violenta, como el atentado de ayer. Un conjunto de actuaciones que podrían encuadrarse en los supuestos del artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. Ya sabemos que esta ley se aprobó con la excusa de ilegalizar Herri Batasuna y sus organizaciones amigas o herederas, como así lo han conseguido. Pero no es una "ley ad hoc", aprobada exclusivamente contra una formación política concreta, sino que se aplica a todos los partidos existentes (fines, organización, actuación...), y sus preceptos sancionadores son aplicables a cualquier formación.
Lo asombroso es que ningún gobierno hasta ahora se haya planteado ejercer su legitimación para promover la ilegalización de partidos fascistas, claramente decididos a acabar con las libertades democráticas y el orden constitucional, incluso de forma violenta. En el partido ahora gobernante deben pesar mucho sus antecedentes del régimen anterior, así como esas "chiquilladas" que demasiado frecuentemente proliferan entre sus miembros más jóvenes y vemos en los medios de comunicación: exhibición de banderas fascistas, saludos fascistas, etc. No se deben tolerar ni estos grupos ni estas actividades. Debemos practicar cierta "democracia militante" en defensa de nuestra democracia. Se deben ilegalizar los partidos antidemocráticos, todos. Especialmente los violentos. Si no, la ley de partidos es un fraude. ¿Queremos dar argumentos a Batasuna y su entorno? ¿Os imagináis qué estarán pensando? ¿Vamos a ser intolerantes con unos antidemócratas y vamos a permitir que otros se carguen nuestra democracia? ¿Defendemos la democracia o nos resignamos ante sus enemigos? Esa es la cuestión.
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