La Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana de 1992, llamada la "ley Corcuera", por el ministro del interior que la impulsó, fue motivo de escándalo cuando su aprobación. Provocó encendidos debates sobre si restringía o no los derechos y libertades ciudadanos, llegando a ser parcialmente declarada inconstitucional por sus disposiciones que permitían la entrada de la policía en los domicilios cuando se perseguía a delincuentes sorprendidos. Por ello se le llamó también la "ley de la patada en la puerta". PP, IU y otros presentaron recursos y mociones en los ayuntamientos durante su tramitación. En Palma del Río también hubo mociones de la oposición, a las que yo no contesté como portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento, pues el alcalde de entonces no se fiaba de que defendiese con convencimiento la posición del gobierno socialista. Y tenía razón, pues no comulgaba con esas normas que también consideraba atentatorias de los derechos fundamentales. Ya han pasado muchos años y la "seguridad ciudadana" vuelve a la palestra política, pero son otros los que gobiernan.
El viernes, esos que recurrieron contra la "ley corcuera", pretenden aprobar en Consejo de Ministros un proyecto que la sustituya, no mejorándola, sino subiendo el listón de la represión hacia los ciudadanos, esos que ahora tanto salen a las calles para protestar por el retroceso que está imponiendo este gobierno del PP, que entonces tanto presumía de liberal. Pretenden castigar con multas de hasta 600.000 € a quienes se manifiesten en las cercanías del Congreso de los Diputados, o también contra quienes participen en los escraches, o para los que se burlen de la policía. El miedo se les ha metido en el cuerpo, tras las protestas de los herederos del 15M y otros movimientos, y se han olvidado de sus anteriores defensas de los ciudadanos, para considerarles el enemigo a reprimir. La oposición ha protestado ya, y no es de extrañar que se anuncien recursos de inconstitucionalidad, a pesar de que el ministro del interior haya dicho que es precipitado protestar.
Los precedentes no son precisamente halagüeños. La represión vivida en muchos puntos del país da que pensar en que no cejarán en su intento por "amaestrar" a los "elementos díscolos" que impiden engañar a los ciudadanos con una pretendida recuperación que no se ve por ninguna parte. Para colmo, "las patadas en la puerta" no se ven solo en esta ley. Recientemente hemos sabido que una enmienda del propio PP al proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que no solo castiga a los que tengan placas solares con el ya implantado peaje de respaldo (el tributo por tener placas solares que "compensa" a las compañías eléctricas por los beneficios dejados de ganar), va a permitir que los inspectores del gobierno puedan entrar en los domicilios particulares para verificar que las placas (y otros dispositivos productores de energía que permiten el autoconsumo) están homologadas y registradas. Sin necesidad de autorización judicial. Aunque si se opone el titular, permite que puedan pedir esa autorización al juez. Otra "patada en la puerta" encubierta. ¿Se avendrán los jueces a conceder autorizaciones de este tipo cuando no se trata de investigar un delito ni detener a delincuentes? ¿Harán uso "preventivo" estos inspectores de la entrada en domicilio por simples sospechas de placas no homologadas? ¿Podremos estar tranquilos en nuestras viviendas si se ve una placa solar en nuestra terraza o tejado? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién se puede fiar de estos tipos?
Curiosas paradojas. Antes, en la vieja tradición liberal, la verdadera, se decía que un estado era libre cuando si llamaba alguien a la puerta de tu casa de noche, no era la policía, sino el lechero. Hoy día los que se llaman liberales pretenden entrar en nuestros domicilios en cualquier momento para inspeccionar nuestras placas solares. ¿Y por qué? ¿Si no está homologada nuestra lavadora también tienen derecho a entrar en nuestra casa sin orden judicial para parar un lavado de ropa? ¿Si no están de acuerdo con el modelo de televisión tienen poder en un estado de derecho para entrar en nuestro domicilio y desenchurfala, además de multarnos? Estos que pretenden cosas así son los que se autodenominan liberales. Pretenden dar la patada en la puerta, de la que abominaban en los tiempos de Felipe González y José Luis Corcuera, para imponer sus postulados políticos. Y, de paso, los intereses de determinadas empresas, que parece que coinciden con los suyos. Algo les deberán.
Lo cierto es que se aproximan tiempos tenebrosos para las libertades ciudadanas. El mercado se ha vuelto un verdadero tirano. Y sus agentes no paran de inventar.
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