La foto del viernes: Carlos Dívar, o la crisis institucional de estado

Vivimos unos momentos de zozobra institucional sin precedentes. A la crisis económica, que está sirviendo de excusa al gobierno de Rajoy para desmontar el Estado Social y democrático de derecho que proclama, ya con palabras huecas, nuestra Constitución, se está uniendo la crisis de las instituciones fundamentales del Estado. 

No hace mucho la misma Monarquía se vio en entredicho por la cacería del rey en África, algo casi anecdótico, pero que se unía al escándalo Urdangarín, de mucha mayor gravedad, donde la implicación de la familia real y acusados de corrupción deja en muy mal lugar a la institución. Esta semana el caso Dívar ha puesto en tela de juicio al mismo Poder Judicial. El jueves se reunía el Consejo General del Poder Judicial y casi salen a tortazos a cuenta de los viajes disfrutados por su presidente, a costa del presupuesto del Consejo, que no están justificados. Aunque el fiscal no vea delito, tras la denuncia de otro de los miembros del Consejo, el caso apesta. ¿Cómo es posible que se gaste dinero público sin justificar su empleo y sin la fiscalización detallada de los órganos correspondientes? ¿Cómo alguien se puede negar a justificar sus gastos, no de su propio peculio, sino pagados con el dinero de todos? Esa es la justificación del fiscal: que no hay razón legal para eso. ¿Los demás poderes públicos sí deben justificar el empleo de sumas sacadas de los presupuestos y el Poder Judicial puede gastar sin dar cuenta a nadie? Si hay un vacío legal debe corregirse inmediatamente. Otros, por menos, ha acabado en la cárcel o inhabilitados para cargo o empleo público. Pero el colmo es la división que se ha producido en el seno del Consejo, división claramente politizada, con una obscenidad que sonroja a los decentes. Lo escandaloso, para unos, es malo si lo hace tu contrario y bueno, si lo hacen los tuyos. Los conservadores defienden al Presidente (por sus convicciones religiosas) y encima piden que dimita el denunciante del abuso. Otros piden la dimisión del Presidente por no dar explicaciones. Unos echan la culpa a Zapatero, porque Carlos Dívar fue nombrado en su mandato (por acuerdo, inconcebible por cierto, entre él y Rajoy). Otros culpan al Presidente por escaquearse de su trabajo, con las ya famosas "semanas caribeñas", que consisten en trabajar de martes a jueves y alargar los fines de semana cuatros días, o un poco más, donde se van de viaje a lugares de ocio y lujo, a cargo del erario público, porque se dice (pero no se justifica) que se está "trabajando". Despropósito tras despropósito, de vergüenza.

¿Qué confianza en la justicia nos queda cuando el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de la justicia), que lo es también del Tribunal Supremo (el órgano que culmina la estructura judicial en toda España) no da explicaciones sobre los lujosos gastos que realiza con cargo a nuestros impuestos y se enroca en su cargo de esta manera? El caso es muy grave, y si lo unimos a la paralización durante años (pendiente desde noviembre de 2010) en la renovación de otro de los tribunales básicos del Estado, el Tribunal Constitucional, a cargo de los partidos mayoritarios, deseosos de colocar a sus peones dentro de la institución, para convertirla en una "tercera cámara legislativa" a su favor, el andamiaje jurídico del Estado se tambalea peligrosamente. Urge pararse, pensar y recomponer la situación. Y que los máximos "mandatarios" de los poderes y las instituciones del Estado den ejemplo, del bueno.