Esta semana se ha producido una de las imágenes más esperadas de los últimos tiempos: ver a la hermana del rey sentada en el banquillo en el juicio del caso Noos. Juicio que ha empezado ya y que ha sido suspendido hasta febrero, y que no sabemos si continuará con la acusación a la infanta Cristina o si triunfará la tesis del fiscal y su defensa para que quede fuere de él. Los "aparatos del estado" ya se pusieron a trabajar para exonerarla, pero el juez Castro, el instructor, no lo permitió. Solo el llamado sindicato Manos Limpias (los herederos del partido fascista Fuerza Nueva) ha mantenido la acusación popular. Ahora Hacienda (el gobierno) ha elaborado un informe para exculparle de antemano, informe que ha aportado el fiscal (a las órdenes del Fiscal General del Estado, nombrado por el mismo gobierno). También la Abogacía del Estado (la defensora del erario público, el perjudicado directo en este caso) se ha mostrado en contra del juicio a la infanta, argumentando que el lema "Hacienda somos todos" es solo publicidad, no un argumento jurídico, y ha defendido que se le aplique la "doctrina Botín", por la que este banquero se libró de juicio al no acusar el fiscal ni el perjudicado entonces, solo la acción popular (como ocurre ahora). Por otro lado, hasta la derecha liberal mediática también se ha lanzado a defender el no enjuiciamiento de Cristina de Borbón, dando por bueno el argumento de la letrada del estado. Toda una legión de "abogados defensores" de la infanta, se supone, que por partidarios de la actual monarquía, una institución cuestionada, como otras de nuestro Estado surgido de la Transición. Duele que quien tiene que defender el justo pago de impuestos para sostener los gastos públicos considere que la Hacienda pública no es de todos los españoles. Parece que los que sí cumplimos religiosamente nuestras obligaciones fiscales somos unos pardillos que lo hacemos por tontos, mientras que, si otros evaden esas obligaciones, no es reprochable. Ya veremos qué ocurre en febrero, pero hoy siento vergüenza de algunos "servidores públicos". Al menos ya nadie nos quitará la imagen de un miembro de la familia real en el banquillo (como otro ciudadano normal), aplicándose el estado de derecho y no la guillotina. Lo que no se dan cuenta es que, con actitudes así, el descrédito de las instituciones no se solventa.
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