Treinta años de ayuntamientos democráticos

Hoy se cumplen 30 años de las primeras elecciones municipales democráticas. Un hecho fundamental en la construcción del Estado social y democrático de derecho diseñado en la Constitución del 78.

Estas primeras elecciones significaron la apertura de los Ayuntamientos, que, de ser simples órganos administrativos dependientes de un poder central, pasaron a convertirse en la institución representativa más cercana a la ciudadanía. Y además, con su labor, han propiciado una mejora de los municipios y un aumento de la calidad de vida de los vecinos, gracias a una mayor eficacia en la gestión y a una actuación más directamente relacionada con los intereses y necesidades de sus vecinos.

En Palma del Río, como en tantos otros municipios, el 19 de abril de ese año, diecisiete personas, muchas de ellas sin apenas experiencia política y empeñadas en mejorar las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas a los que representaban, formaron la primera Corporación Local de la era democrática que entonces iniciaba su andadura, tras esas elecciones.

Estas personas fueron: (De pie) José María Bejarano Sánchez, Luis Jiménez Cabello, Eduardo Blasco Pardo, Manuel López Maraver (Alcalde), Manuel Carmona Granell, Marcelino Canovaca Hinojosa, José Sánchez Díaz, Antonio Ruiz Durán, José Chao Pinto, Antonio Corredera Nacarino, (Agachados) Francisco Méndez Rojano, Alfredo Navarro Contreras, Pedro Antonio Campanario Páez, Julián Díaz Ortega, Joaquín Moreno López, ,Angel Cabero Caro y Salvador Blanco Rubio.

Los nombres de esos primeros representantes municipales quedaron entonces esculpidos para la Historia, ya que, cada uno desde la opción política con la que se presentó, pero con la ilusión común de engrandecer desde el diálogo y el consenso a su ciudad, volvieron a poner en manos de su pueblo la vieja institución municipal.

Sin embargo, como dice el manifiesto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias, treinta años después, los Gobiernos Locales españoles todavía no tienen el lugar institucional que la Constitución exige. “El Estado ha evolucionado, pero no lo suficiente para aprovechar todo el potencial de solvencia, eficacia y eficiencia de los Gobiernos Locales, por su cercanía a los ciudadanos y por su capacidad de respuesta rápida a sus demandas.” Sigue pendiente de conseguir ese tan cacareado “Pacto Local”, que delimite el papel a desempañar por esta parte tan importante del Estado. Falta financiación adecuada, lo que ha propiciado que el urbanismo se hubiese convertido en una fuente principal, contribuyendo a la llamada burbuja inmobiliaria y a sonados casos de corrupción (como era práctica habitual en tiempos del franquismo, eliminada en los primeros años de gestión democrática). El Estado central y las Comunidades autónomas se han aprovechado del interés municipal y de su cercanía para endosar problemas propios de su competencia, por la vía de la subvención (siempre escasa y condicionada) agravando el problema de la financiación. Muchos ayuntamientos tienen que hacer frente a responsabilidades que deberían asumir otras administraciones. Para colmo, la potestad legislativa en materia de régimen local la ostentan tanto el Estado como las comunidades, cosa que han aprovechado para desprenderse de los asuntos incómodos, imponiendo obligaciones a los municipios, sin la transferencia adecuada de recursos (que tenían tanto estado como comunidades, para hacer frente a esos asuntos, y que luego han destinado a otras cuestiones). Y, al mismo tiempo, imponiendo obligaciones y limitaciones en gestión económico-presupuestaria, que han ido ahogando paulatinamente a la parte más débil, los ayuntamientos. Incluso, en este problema financiero está repercutiendo la crisis económica actual, cosa que no se resuelve con el Fondo Estatal de Inversión local, aprobado por el Gobierno central. Yo, que llevo más de veinticinco años ininterrumpidos como concejal, conozco de buena tinta esta situación.

Los partidos políticos han usado esta situación para echársela en cara al adversario, pero esos mismos, cuando han tenido la oportunidad de gobernar, y cambiar las cosas, han dejado pasar el problema sin resolverlo, incluso lo han agravado. La administración local se ha convertido en una buena cantera de políticos que emplear en otros ámbitos, pero los intereses de las direcciones de cada partido han ido por otros caminos y han desaprovechado esta circunstancia para hacer frente a los problemas locales. Por eso también este aniversario supone también una cierta decepción. Treinta años después, queda mucho por hacer.