Quedan lejos los tiempos en que se lanzaban diatribas contra Zapatero por aprobar el llamado divorcio express. La Iglesia católica y sus ideólogos "civiles" se opusieron rotundamente, al estar contra el divorcio en general, calificando la reforma del divorcio como legalización del repudio islámico. Cuando la ley de 2005 lo que hacía era derogar el sistema causalista anterior, el de la ley de 1981. Un sistema que castigaba el divorcio, imponiendo causas concretas por las que se podía producir la disolución del matrimonio, previa sentencia judicial, y que exigía previamente la separación de los cónyuges durante un periodo concreto. Desde 2005 no es necesario alegar causa alguna, ni se exige separación (solo que hayan pasado 3 meses al menos desde la celebración), y se mantiene la sentencia judicial para la disolución. De ahí que equipararla a la instauración del repudio sea una falsedad malintencionada, por motivos religiosos e ideológicos. Entonces el PP se abstuvo de votar la reforma, no atreviéndose a votar en contra, como le pedían desde los sectores más conservadores de su partido y otros adláteres. Algo que no gustó, pero que no impidió darles su apoyo en sucesivas elecciones, sobre todo cuando se comprometieron a suprimir otras medidas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ha pasado el tiempo y el PP no ha modificado ni el matrimonio "gay", ni el divorcio express. Es más, ahora nos anuncian incluso que el divorcio dejará de ser un asunto judicial para dejar paso al "divorcio notarial". Eso es lo que hoy ha anunciado Gallardón, tras el consejo de ministros. Los notarios podrán autorizar matrimonios y declarar disuelto un matrimonio, siempre que sea de mutuo acuerdo y no haya hijos menores. Ya deja de ser una cuestión judicial que exigía la sentencia como colofón a la voluntad de los cónyuges. El divorcio se convierte en otro "negocio de derecho privado".
Quién te ha visto y quién te ve, Gallardón. De azote de abortistas, a divorcista mercantil. La derecha, que ya se opuso a la primera ley del divorcio, en la Transición, se constituyó en la mayor usuaria de esta norma, haciendo abstracción de sus supuestas creencias religiosas. Así, los divorcios entre famosos de clase alta se multiplicaron con fruición. Por eso no era extraño que no llegasen a oponerse a la reforma de Zapatero. Pero esto de ahora ya es asombroso. Que sean los notarios los que casen y divorcien convierte a estas "ceremonias" en una especie de "contrato" más. Iremos al notario a hacer testamento, comprar un piso (quien pueda) y a divorciarnos. Pronto podríamos ver (exagerando el ejemplo, con humor) cómo hacen ofertas, con rebajas, si en una misma visita a la notaría demandamos varias de estas funciones. Vivir para ver.
Dice Gallardón que esta reforma es para descongestionar los juzgados, cuando en el caso del matrimonio, con la entrada en vigor de la reforma del Registro Civil (julio de 2014), todo el expediente y su celebración pasan a ser competencia de los ayuntamientos. Parece que son otras las causas. ¿Tal vez la pérdida de negocio de los notarios tras la explosión de la burbuja inmobiliaria? Notarios y registradores (la "profesión" de Rajoy) están en declive. No sé si esto responde a un deseo de potenciar su presencia en la economía. Sea por lo que sea, lo cierto es que dejar en manos de los notarios el divorcio, alejándolo de la Administración de Justicia, es una forma de aligerar las "cargas" que obstaculizan esta forma de disolución, de facilitarla y fomentarla. Así que ¿qué pensarán de esto Rouco Varela y sus muchachos?
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