Cadena perpetua

La semana pasada hablaba de la estrategia que está siguiendo el PP para conseguir el poder. Decía que me recordaba la de los años anteriores a 1996, fecha en que Aznar ganó por primera vez las elecciones. El ataque a las pensiones públicas y la seguridad social, la inmigración (con su relación con la delincuencia o inseguridad ciudadana) o el deseo de reformar la legislación laboral abaratando costes y eliminando derechos para acabar con la crisis económica (de la que estábamos saliendo ya en 1995, aunque se ocultara por razones electoralistas), fueron aspectos que se usaron entonces para contribuir al ambiente de "crispación". A ello se sumaron otros elementos, como la guerra sucia contra el terrorismo o la corrupción. En estos momentos solo la primera se ha traído a colación por parte de Aznar en su reciente entrevista en RTVE, pues la segunda, la corrupción, vivito y coleando el caso Gürtel, es como la bicha que no hay que nombrar (aunque el mismo ex-presidente lo hiciera tirando balones fuera, como hizo con la negociación de su gobierno con ETA).

La inseguridad ciudadana fue un capítulo esencial para la estrategia de crispación. La crítica a la política anti-terrorista de Felipe González se reforzó con la petición de cumplimiento íntegro de las penas para terroristas y narcotraficantes. Cosa que cumplieron a medias, de forma muy descafeinada (porque corrían riesgo de ser declarada inconstitucional) con la ley 7/2003. Pero antes era un día sí y otro también cuando la reclamaban para meter miedo en el cuerpo de los ciudadanos. Ahora se han sacado de la manga otros argumentos, para fomentar el odio como forma de encauzar el cabreo ciudadano. Aprovechando los casos de delitos cometidos por o con la participación de menores, están aireando dos peticiones de la extrema derecha, a la que también quieren contentar para mantener en el redil y contar con su apoyo ante un hipotético adelanto electoral: la reforma de la ley del menor y la cadena perpetua.

La primera medida viene siendo una exigencia ya habitual, debido a la trascendencia mediática de casos como el asesinato de Sandra Palo (cometido cuando era un menor por el conocido "Rafita) o la no resuelta desaparición de Marta del Castillo. La ley penal del menor es otra promesa del PP que se plasmó en la ley 5/2000, que también tuvo que pactar y por tanto dulcificar por no contar con mayoría. Sin embargo, hasta la pérdida del poder de Aznar, esta ley ya sufrió cuatro reformas, y una más en 2006. Sigue sin ser satisfactoria pues todo el mundo considera que una ley así debería acabar con la delincuencia juvenil, cuando en realidad el origen y las causas de la extensión de los comportamientos reprochables de los menores no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso no importa. Importa más hacer ruido y de paso darle una buena bofetada al gobierno, sobre todo si es de izquierdas.

La novedad, relativa, es la introducción del debate (de nuevo) de la cadena perpetua. Hace algunos años, gobernando ya Zapatero, lo sacaron, aprovechando que el padre de Marta del Castillo inició una campaña de recogida de firmas pidiéndola. Hubo partidarios y detractores de la condena. El carácter de esta pena, que presume la no reinserción, exigida por nuestra Constitución, hizo que se olvidara. Pero un Javier Arenas, envalentonado por las encuestas en Andalucía, ha desempolvado el engendro, contando con el apoyo de la extrema derecha mediática y de dentro del partido. Así Esperanza Aguirre la ha defendido, con el adjetivo de "revisable". Eso sí, olvida que en nuestro país los delitos más graves pueden ser castigados con 40 años de prisión, que se cumplen íntegramente, como le ha recordado el ministro del interior, Pérez Rubalcaba. ¿Cuándo se revisaría la cadena perpetua en un caso de estos?. ¿A los treinta, veinticinco, treinta y cinco?. No contestan los defensores y, como Aguirre, mezclan el tema con el asunto de la ley del menor, otra vez. "No hay que descartar la cadena perpetua". Pero lo que realmente no descartan es la reintroducción de la pena de muerte. Aunque no lo digan, porque para eso, para pedirla ya tienen a sus bases, cuando participan en manifestaciones. Y si lo hacen, ¿será también revisable?. Y si se introducen castigos corporales, ¿serán también revisables?. Hipócrita revisión.

Y, como decía al principio, da igual lo que haya que debatir. Lo que les importa es hacer ruido, la vuelta a la CRISPACIÓN. Y culpar al gobierno de todos los males, reales o inventados. Un ejemplo lo tenemos en las palabras de uno de los colaboradores de Jiménez Losantos, asiduo en televisiones y otros medios de comunicación, Francisco Pérez Abellán: "si Rafita vuelve a matar será culpa del Ministerio del Interior". Eso es lo que importa, culpar al gobierno. La estrategia, la vieja estrategia de la crispación sigue su camino.