Mientras el PP se opone a una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, la Fiscalía Anticorrupción investiga el proceso de fusión de las cajas de ahorro que dieron lugar a Bankia y su salida a Bolsa. "Su santidad" el Fiscal General del Estado lo ha ordenado (seguro que a su pesar), ante el escándalo y la reacción de los ciudadanos, que tendremos que pagar los platos rotos de los negocios de estas entidades de crédito, que antes hicieron grandes fortunas y ahora están arruinadas. Bankia nació como un conglomerado de cajas controladas por el PP, y ellos son los que deberían asumir responsabilidades políticas por el desastre, aunque echen la culpa al supervisor. Pero se niegan a que se investigue.
Es una vergüenza que tenga que ser la justicia quien tome cartas en el asunto. Este fiscal general no ha tenido más remedio que abrir la investigación ante el escándalo de todos, incluídos los dichosos mercados y las instituciones europeas, que recelan sobre ayudarnos, por no ver bien que los culpables se vayan de rositas, depués. Es un principio elemental para dar confianza: que los responsables asuman sus culpas.
Lo que ocurre es que ya sabemos que la Justicia en este país siempre termina eximiendo a los culpables de los delitos de guante blanco y la corrupción de la derecha: siempre hay pruebas anuladas por ilegales o han prescrito sus delitos. Así que poca esperanza nos queda, sin prejuzgar, por cierto, ninguna calificación penal sobre los hechos. Lo cierto es que una comisión de investigacion real, al estilo americano, sin mayoría del gobierno investigado, sí saldaría muchas de las deudas para con la ciudadanía, demasiado castigada ya con la maldita crisis y las medidas que están tomando para, dicen, resolverla.
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