martes, 1 de marzo de 2016

Presos políticos


Hoy ha salido de la cárcel Arnaldo Otegi, afirmando que era un preso político, en medio de un grupo de seguidores, entre lo que se encontraban también independentistas catalanes, miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y otros grupos. Ha justificado su afirmación en que es independentista y en que había muchas cámaras de televisión allí para recoger su salida, cosa que no ocurre "cuando liberan a un preso social". Falso, esos nos son argumentos para autotitularse de "preso político". Primero porque también van cámaras de televisión cuando salen de la cárcel otros presos. Recordemos el caso de Isabel Pantoja o Luis Bárcenas. ¿Son presos políticos estos famosos? La primera se aprovechó del poder político para enriquecerse junto a su pareja, el anterior alcalde de Marbella. El segundo está en espera de juicio por corrupción, por su dinero en Suiza, según él, dinero de la financiación ilegal del PP. Repito ¿son éstos presos políticos, merecedores de apoyo? Nadie afirmaría eso, a pesar de haber usado la política, pero para saquear las arcas públicas. Y, en segundo lugar, ser independentista no es motivo de ingreso en prisión. Tenemos el caso del gobierno de Cataluña, sustentado por partidos independentistas, cuyos miembros no están en la cárcel, sino en el poder. Y sus partidos no han sido ilegalizados, como el partido del señor Otegi.

Ser preso político es otra cosa. Presos políticos había en España con Franco, y algún tiempo después de su muerte, cuando pertenecer a un partido político que no fuese del Movimiento Nacional era delito. Tener ideología diferente a la del Régimen era ilegal y actuar de acuerdo con ella era criminal y causa de enjuiciamiento (sin garantías ni derecho a la defensa real) y de condena penal. Posteriormente dejaron de haber presos políticos, tras las amnistías y la legalización de los partidos y el reconocimiento de derechos y libertades. Pero, sobre todo, fue tras la Constitución, cuando se instauraron garantías y derechos, que ponían a los ciudadanos en plano de igualdad, siendo legítimo participar en política, profesando cualquier ideología. Solo hay un límite: el respeto a los derechos y libertades y la ley. De ahí que se prohíban las actuaciones que van contra estos derechos, sancionándose incluso penalmente los intentos de acabar con el Estado de Derecho y los atentados a los derechos humanos esenciales (vida, integridad física, libertad). 

ETA ha atentado contra la vida, la libertad, la integridad física de muchos ciudadanos españoles y ha querido acabar con nuestro régimen de libertades, con el objetivo de conseguir la independencia de Euskadi. El objetivo es legítimo y legal, incluso, en España, pero los medios empleado no lo son, son delictivos. Y es injusto este proceder. Doblemente injusto, porque el que quiere conseguir sus objetivos políticos por medio de la violencia, atenta doblemente contra sus víctimas, al usar unos medios que le están vedados a éstas (en realidad, a todos). Se convierte en un "privilegiado" que abusa de los derechos de los demás. Como el totalitario, como el fascista, como hacía el régimen anterior. No son presos políticos los que son condenados por así comportarse. Más bien habría que hablar de "víctimas políticas" de estos delincuentes, al sufrir la tiranía del terrorista, por su "privilegio político", como hacen los dictadores.

Arnaldo Otegi no fue condenado por independentista, sino por intentar reorganizar Batasuna, a las órdenes de ETA, un partido ilegalizado por dar cobertura al terrorismo. El independentismo vasco tiene su sitio en el panorama político actual, en la legalidad. Y desde la legalidad es donde deben actuar. Respetando los derechos humanos para defender su ideario. Convertirse en privilegiados con "más derecho" que los demás a imponer sus  postulados no les convierte en héroes políticos, sino en tiranos que merecen que les caiga encima el peso de la ley. La aceptación de las reglas de juego democráticas debe permitir que los antiguos dirigentes de la llamada "izquierda abertzale" puedan participar de la democracia, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y partidos. Sobre todo después de llevar años de cese definitivo del uso de las armas. Proclamarse víctimas, como son los verdaderos presos políticos, no ayuda a normalizar la situación. Así que menos bravatas, aunque sean comprensibles, tras obtener la libertad, al cumplir la condena. Lo penoso es que algunos le sigan el juego tras la salida de tono. Pero eso les retrata, sobre todo, cuando se niegan a condenar otros juicios sin garantías, con resultado de condenas políticas, en otras latitudes.

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