El ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dicho hoy, en relación a los casos de empresas en Panamá, que "No me parece que Panamá sea un paraíso fiscal, en el sentido de que no haya garantías de derecho, hay una cultura jurídica distinta". El ministro ha soltado un obviedad, que hay ordenamientos jurídicos diferentes, que responden a culturas diferentes de cómo entender las relaciones sociales. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho. Los sistemas jurídicos europeos continentales tienen diferencias con los anglosajones, y dentro de los primeros encontramos también diferencias entre los de origen latino con los de origen germánico, sin ser totalmente excluyentes. Pero lo que pasa con los paraísos fiscales no tiene nada que ver con esto.
Los paraísos fiscales ofrecen (respondan a uno u otros modelos jurídicos) amparo para evadir impuestos de sujetos obligados a tributar en sus lugares de residencia o por nacionalidad, con inversiones más o menos veladas en sus territorios, con cargas tributarias mínimas o inexistentes. Lo significativo es que lo hacen a través de negocios ficticios o empresas que no tienen actividad real y con residencia en el "paraíso", a las que cargar esos mínimos tributos, que en buena lid deberían pagarse en los lugares de residencia o de nacionalidad de los evasores. Es decir, que en la mayoría de los casos nos encontramos con fraudes tributarios, como, por ejemplo, hay fraudes a la Seguridad Social cuando se crean empresas ficticias con las que dar de alta a ciudadanos extranjeros, para regularizar su situación en España. Y eso no es porque esos extranjeros tengan una cultura jurídica distinta, sino porque se cometen fraudes para sacar dinero, gracias a trucos con apariencia legal.
Ni que decir tiene que la liberalización del movimiento de capitales a nivel mundial, impuesta por el neoliberalismo, tiene mucho que ver con estas prácticas, aunque no sean tan modernas como esa corriente de pensamiento y los convenios internacionales que abogan por la libertad total de capitales, y no por la de las personas. Y que aquí se premia incluso con cargos en la Unión Europea a antiguos dirigentes de países sospechosos de paraísos fiscales, como al luxemburgués Jean Claude Juncker (Presidente de la Comisión). Pero, señor ministro, un fraude es un fraude. Aquí y en Pekín. ¿O va a terminar usted diciendo que los ladrones son así porque tienen "cultura jurídica distinta"? Seguro que más de un caco que le haya escuchado lo usa en su defensa en el próximo juicio que tenga.
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