La Constitución de 1812, la Pepa, y la utopía liberal

Hoy se celebra a bombo y platillo el doscientos aniversario de la aprobación de la Constitución de 1812, la Pepa. Doscientos años de avances y retrocesos (sobre todo). No son doscientos años de reformas y libertad como dice el gobierno, ya que esta norma básica fue derogada dos años después por el rey Fernando VII, cuyo nombre recoge en su articulado, cuando le gritaron sus partidarios aquel “vivan las caenas” a su regreso. Se dice que es la primera Constitución española, al no reconocerse legitimidad al Estatuto de Bayona, anterior en el tiempo. La guerra contra los franceses fue la causa. Y se dice que es una constitución liberal. Es cierto que el término “liberal” nace en España en esos momentos, pero no tenía connotaciones positivas. La Iglesia lo condenó desde el primer momento. Pero peor consideración tenía el término “afrancesado”, que identificaba a quienes pretendían implantar los principios de la Revolución Francesa. La composición de las Cortes de Cádiz, fundamentalmente conservadora, reflejan el carácter híbrido, entre liberal y conservador, del texto: iglesia, militares, funcionarios, y otros. Tal vez una experiencia “afrancesada” no nos hubiera sentado demasiado mal, pero el “nacionalismo” prevaleció, ante la invasión imperial francesa, y con él el devenir que hemos estado sufriendo desde entonces.

Tuvo aspectos positivos, que en la práctica casi se quedaron en el tintero: separación de poderes, libertad de imprenta, escolarización obligatoria, concepto de ciudadanía (dejando de ser súbditos), soberanía popular, en lugar de soberanía del monarca. Y también aspectos negativos. Religión católica obligatoria (“En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad...”; “Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.”). Voto universal, pero en escalones que restringían el acceso del cargo de diputado a los propietarios (“Art. 92. Se requiere, además para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.”) . No participación de la mujer en la vida pública. El rey tiene las prerrogativas de vetar las leyes aprobadas en Cortes, o las que une la Iglesia al Estado, como es el privilegio de presentación de obispos (“Art. 171. Sexta. Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado”). Se optó por el mantenimiento de la esclavitud (“Art. 5. Son españoles: Primero: Todos los hombres libres nacidos....”) y la Inquisición. El ejercicio de los derechos reconocidos a los ciudadanos se pierde: “Tercero. Por el estado de sirviente doméstico. Cuarto. Por no tener empleo, oficio, o modo de vivir conocido.” No hay por tanto igualdad de derechos. El Caciquismo sí fue en realidad la aportación fundamental del periodo posterior, ya fuese con la vuelta del absolutismo, ya con los periodos de constitucionalismo, no plenamente democráticos. La Historia de España ha estado marcada desde entonces por la dialéctica entre progreso y retroceso, entre libertades, y privilegios y tradición. Entre autoritarismo, la mayor parte, y democracia, el menor tiempo.

El mercado no lo resuelve todo y esto mismo quedó patente. El reconocimiento de la propiedad privada, la libertad civil y los derechos individuales, por si solos, y su protección no consiguió, como pretendía, ingenuamente, la “felicidad de la Nación”, ni sirvió para preservar el “bienestar de los individuos”. Estamos ante el utopismo liberal, que cree que con libertad económica se consigue la felicidad de todo ser humano. Liberal para sus propios intereses económicos, conservador para defender esos intereses frente a los demás. Es el modelo que adoptaría la burguesía, ansiosa de poder. Liberalismo cuando da réditos; conservadurismo, proteccionismo y subvención en la práctica, cuando es lo que ha interesado a una burguesía que ha dominado estas tierras, con la mano firme del Estado. Históricamente haría falta un paso más, reconociendo más derechos y a más grupos sociales (la clase obrera), para que la libertad y el bienestar se democratizaran. Y eso ocurrió en Europa tras la Segunda Guerra mundial, y en España, tras la muerte de Franco, no antes. Así que de doscientos años de libertad y reforma, nada de nada.

 

No quisiera ser aguafiestas, pero veo demasiado interés en realzar esta constitución, por los actuales gobernantes, verdaderos herederos de sangre, económicos y políticos de los conservadores que se la cargaron, aunque se reclamen liberales. Entiendo que los gaditanos estén de fiesta, pues allí alumbraron el texto, tantas veces ahora nombrado, y tantas veces históricamente enterrado en lo que de positivo tenía. Pero hacerlo para proclamar la superioridad de los regímenes liberales de antaño no es de recibo, es pura ficción. Como ficción es el bienestar que prometen para Andalucía, con su cambio, los que ahora alardean de celebraciones y festejos en esa ciudad, cuando llevan allí gobernando casi dos décadas. El carnaval es muy libre, pero no basta esa libertad (y ¡viva la Pepa!), cuando han condenado a Cádiz a ser una de las ciudades con más paro de España. Las fiestas, de verdad, mejor para otro momento.