La justicia a examen

Casi 270.000 sentencias están pendientes de ejecución en España

El Poder Judicial publica estos alarmantes datos . Cataluña sufre la peor situación, con 56.000 sentencias por ejecutar

EUROPA PRESS 06-05-2008

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en un total de 269.450 la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España a partir de los datos recabados de los Juzgados de lo Penal Ordinario y los órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

Cadena SER

El informe, que todavía no ha sido aprobado, pone de relieve la situación dramática y muy preocupante en que se encuentra la justicia en España. Y más cuando está caliente el caso Mari Luz, asesinada por un sentenciado, en espera de ejecución de sentencia. Urge un pacto por la Justicia. Las reformas legislativas no han sido suficientes, los aumentos de plantilla, tampoco. Ayer el padre de la niña asesinada hablaba en televisión sobre su idea, respaldada por centenares de firmas, de pedir la reforma de la ley para introducir la cadena perpetua. No es aceptable esta propuesta, por mucho que comprendamos el dolor de ese padre. La Ley no ha fallado, ha sido su aplicación. La cadena perpetua no evitaría más casos. La reforma del sistema judicial debe encaminarse a garantizar la aplicación de la ley, la tutela judicial efectiva, no la venganza. Hay que garantizar el cumplimiento de las penas, no aumentar con saña el castigo a los delincuentes, lo que va contra la función rehabilitadora de las penas, que prescribe la Constitución.

Pero este examen pone en evidencia los fallos “políticos” de la administración de justicia en España. Tanto retraso en la ejecución de sentencias penales, y, sin embargo tanta prisa en sentenciar cuestiones menos graves, como las repetidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para permitir a algunos padres objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Aquí no hay dilaciones, sospechosamente. Igual que cuando el Consejo General del Poder Judicial aprobó un informe contra el proyecto de ley que introducía el matrimonio entre homosexuales en 2005. El vocal José Luis Requero redactó un informe, sin legitimidad para hacerlo (por propia iniciativa y sin fundamento legal), donde se arrogaba funciones propias del Tribunal Constitucional, para atacar el proyecto del Gobierno de ZP (incluso llegó a equiparar estos matrimonios con la zoofilia, aunque el Consejo suprimió el párrafo que lo afirmaba). ¡Cuanta celeridad en estos casos!. Y curiosamente, los ponentes de estas resoluciones, miembros del Opus Dei, muy dispuestos a defender por la vía judicial sus planteamientos ideológicos y morales, y olvidándose de exigir la ejecución de otras sentencias. Algo está fallando en la administración de justicia, repito, y estos fallos deben corregirse, aunque sea a pesar de lo más reaccionario de la carrera judicial. Y tienen que implicarse el Gobierno, los partidos políticos y los profesionales, el Consejo del Poder Judicial. Nadie debe mirar a otro lado, eludiendo responsabilidades. Esa es la despolitización que es tan necesaria, para que, lo que dice la noticia no ocurra más, y se imparta, de verdad justicia.