Hoy se celebra
a bombo y platillo el doscientos aniversario de la aprobación de la
Constitución de 1812, la Pepa. Doscientos años de avances y
retrocesos (sobre todo). No son doscientos años de reformas y
libertad como dice el gobierno,
ya que esta norma básica fue derogada dos años después por el rey
Fernando VII, cuyo nombre recoge en su articulado, cuando le gritaron
sus partidarios aquel “vivan
las caenas” a su
regreso. Se dice que es la primera Constitución española, al no
reconocerse legitimidad al Estatuto de Bayona, anterior
en el tiempo. La guerra contra los franceses fue la causa. Y se dice
que es una constitución liberal.
Es cierto que el término “liberal” nace en España en esos
momentos, pero no tenía connotaciones positivas. La Iglesia lo
condenó desde el primer momento. Pero peor consideración tenía el
término “afrancesado”, que identificaba a quienes pretendían
implantar los principios de la Revolución Francesa. La composición
de las Cortes de Cádiz, fundamentalmente conservadora, reflejan el
carácter híbrido, entre liberal y conservador, del texto: iglesia,
militares, funcionarios, y otros. Tal vez una experiencia
“afrancesada” no nos hubiera sentado demasiado mal, pero el
“nacionalismo” prevaleció, ante la invasión imperial francesa,
y con él el devenir que hemos estado sufriendo desde entonces.
Tuvo aspectos positivos, que en la práctica
casi se quedaron en el tintero: separación de poderes, libertad de
imprenta, escolarización obligatoria, concepto de ciudadanía
(dejando de ser súbditos), soberanía popular, en lugar de soberanía
del monarca. Y también aspectos negativos. Religión católica
obligatoria (“En
el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor
y supremo legislador de la sociedad...”; “Art. 12. La religión
de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por
leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.”).
Voto universal, pero en escalones que restringían el acceso del
cargo de diputado a los propietarios (“Art.
92. Se requiere, además para ser elegido Diputado de Cortes, tener
una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.”) .
No participación de la mujer en la vida pública. El rey tiene las
prerrogativas de vetar las leyes aprobadas en Cortes, o las que une
la Iglesia al Estado, como es el privilegio de presentación de
obispos (“Art. 171. Sexta.
Presentar para todos los obispados y para todas las dignidades y
beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo
de Estado”). Se optó por el mantenimiento de
la esclavitud (“Art. 5. Son españoles: Primero: Todos los hombres
libres nacidos....”) y la Inquisición. El ejercicio de los
derechos reconocidos a los ciudadanos se pierde: “Tercero.
Por el estado de sirviente doméstico. Cuarto. Por no tener empleo,
oficio, o modo de vivir conocido.” No hay por tanto igualdad de
derechos. El Caciquismo sí fue en realidad la
aportación fundamental del periodo posterior, ya fuese con la vuelta
del absolutismo, ya con los periodos de constitucionalismo, no
plenamente democráticos. La Historia de España ha estado marcada
desde entonces por la dialéctica entre progreso y retroceso, entre
libertades, y privilegios y tradición. Entre autoritarismo, la mayor
parte, y democracia, el menor tiempo.
El mercado no lo resuelve todo y esto mismo quedó
patente. El reconocimiento de la propiedad privada, la libertad civil
y los derechos individuales, por si solos, y su protección no
consiguió, como pretendía, ingenuamente, la “felicidad de la
Nación”, ni sirvió para preservar el “bienestar de los
individuos”. Estamos ante el utopismo liberal, que cree que
con libertad económica se consigue la felicidad de todo ser humano.
Liberal para sus propios intereses económicos, conservador para
defender esos intereses frente a los demás. Es el modelo que
adoptaría la burguesía, ansiosa de poder. Liberalismo cuando da
réditos; conservadurismo, proteccionismo y subvención en la
práctica, cuando es lo que ha interesado a una burguesía que ha
dominado estas tierras, con la mano firme del Estado. Históricamente
haría falta un paso más, reconociendo más derechos y a más grupos
sociales (la clase obrera), para que la libertad y el bienestar se
democratizaran. Y eso ocurrió en Europa tras la Segunda Guerra
mundial, y en España, tras la muerte de Franco, no antes. Así que
de doscientos años de libertad y reforma, nada de nada.
No quisiera ser aguafiestas, pero veo demasiado
interés en realzar esta constitución, por los actuales gobernantes,
verdaderos herederos de sangre, económicos y políticos de los
conservadores que se la cargaron, aunque se reclamen liberales.
Entiendo que los gaditanos estén de fiesta, pues allí alumbraron el
texto, tantas veces ahora nombrado, y tantas veces históricamente
enterrado en lo que de positivo tenía. Pero hacerlo para proclamar
la superioridad de los regímenes liberales de antaño no es de
recibo, es pura ficción. Como ficción es el bienestar que prometen
para Andalucía, con su cambio, los que ahora alardean de
celebraciones y festejos en esa ciudad, cuando llevan allí
gobernando casi dos décadas. El carnaval es muy libre, pero no basta
esa libertad (y ¡viva la Pepa!), cuando han condenado a Cádiz a ser
una de las ciudades con más paro de España. Las fiestas, de
verdad, mejor para otro momento.
