La Mezquita de Córdoba, CajaSur y la inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria

Muchos conocemos la historia del Monasterio de El Escorial, esa magnífica obra del rey Felipe II, que sirve, entre otras cosas, de panteón de los reyes de España. El monarca lo edificó con la idea de hacer ese panteón, para sus padres y sucesores, encargando de las labores religiosas a la orden de San Jerónimo (hoy día la Orden de San Agustín). Este conjunto de palacio, basílica, monasterio, panteón, colegio, biblioteca, etc. pertenecen al Patrimonio Nacional... aunque en él se ejerzan funciones religiosas por parte de instituciones de la Iglesia Católica. La propiedad pública no está reñida con las tareas en él desarrolladas. 

Es conocida también mi opinión sobre la propiedad pública del edificio de la antigua Mezquita de Córdoba, al ser adquirida en la Reconquista por el rey Fernando III. Una opinión basada en hechos históricos y fundamentos jurídicos, que ya expresé hace tiempo, cuando emergió la polémica por una recogida de firmas tendente a garantizar la propiedad pública del edificio, que ha alcanzado más 380.000 firmas. 

La Iglesia católica inmatriculó (inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad) el edificio en 2006, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria (y al artículo 304 del reglamento hipotecario), al no tener título de propiedad con que demostrar ésta. Estas disposiciones permiten que se inscriban, cuando no exista título escrito de dominio, los inmuebles, con una certificación del funcionario responsable, en el caso de que se acojan a este procedimiento "el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél", y añade el texto: "y las de la Iglesia Católica". Esto es considerado por muchos (entre los que me encuentro) como algo inconstitucional, pues equipara funcionarios públicos con empleados o directivos de entidades privadas (y solo una entidad privada: la Iglesia católica). 

Es curioso que la Iglesia procediera a la inmatriculación de la Mezquita, donde se ubica la catedral fundada por el rey Fernando III de Castilla (el propietario del edificio, como Felipe II lo era de El Escorial) tantos siglos después de usarla. Algunos dicen que es porque no se podía hacer antes, y por eso vino la reforma de la legislación que aprobó el PP gobernante de Aznar en 1996, permitiendo esa inscripción registral con una simple "certificación" de los obispos. Aun así tardaron 10 años en hacer efectiva la inscripción. Mi opinión (o más bien, sospecha) es que no les hacía falta, pues usaban sin obstáculos el inmueble (una forma de obtener ingresos cuantiosos), además de disfrutar del auxilio del Estado (y la comunidad autónoma andaluza) para el mantenimiento y conservación del edificio. Aunque fuese el mismo Estado, en épocas pasadas (nada sospechosas de laicismo) el que interviniera en su administración, poniendo precio, por ejemplo, a las entradas, como ocurría con otros monumentos del "Ministerio de Información y Turismo".

Pero en Córdoba se libró una dura batalla en torno a otro bien que reportaba cuantiosos beneficios a la Iglesia: CajaSur. El Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Córdoba que fundara el Cabildo de la Catedral el 1 de septiembre de 1864, que se fusionó en el siglo XX con la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba (propiedad de la Diputación provincial) y que era la entidad que reunía en sus arcas una importante parte de los ahorros de los cordobeses y parte de Andalucía y algo de Extremadura, siendo un importante agente de financiación de la economía cordobesa. Esta batalla, a principios del siglo XXI, en la caja de ahorros tuvo diversos frentes (la póliza del presidente Castillejo, la legislación autonómica que tendía a la "caja única" en la comunidad andaluza, la reforma de la normativa sobre cajas hecha por el PP para quitarle la tutela a la Junta de Andalucía, pasando al Ministerio de Economía en manos del PP...) dando lugar a la hostilidad entre la iglesia cordobesa y el PSOE. Aunque la cosa cambió con la victoria de Zapatero en 2004, con lo que no le quedó otro remedio a la Iglesia que pactar con los nuevos gobernantes. De ahí vino el llamado Pacto de Santa Lucía, que devolvió la caja a la tutela de la Junta, jubilando al todopoderoso Miguel Catillejo, y compartiendo el poder con los representantes de la Diputación, co-fundadora de la entidad fusionada anteriormente. Esto ocurre entre 2004 y 2005... y en 2006 la Iglesia inscribe la Mezquita a su nombre. ¿Casualidad? Mejor, "ésta no se nos escapa, ya que no tenemos escrituras ni otros títulos de propiedad". Y lo hicieron "a la chita callando". Alguien, sin embargo, se dio cuenta y empezó la campaña sobre la propiedad. 

Una de las cuestiones que se han planteado es instar a que se declare la inconstitucionalidad de las normas hipotecarias que permiten estas y otras inmatriculaciones (pues en toda España se han vivido experiencias similares donde la Iglesia ha puesto a su nombre numerosos inmuebles). Así se pidió a la Junta de Andalucía, pues de nuevo gobierna el PP en Madrid. Y hoy en el Parlamento de Andalucía, tras meses de controversia y de silencio de la Junta (que dijo que había encargado un informe jurídico sobre la cuestión), se ha aprobado una resolución que insta a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esas normas hipotecarias. Algo se mueve la cosa, aunque personalmente no creo que sea estimado por un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y con un presidente militante del PP. Pero, algo es algo. Al menos todavía quedan cartuchos por quemar en aras de la protección del patrimonio histórico-artístico público. Y caso de que se presentase y prosperase el recurso, como en el caso de El Escorial, los que temen por su culto en esta edificación tampoco tendrían que ver mermados sus derechos ni sus ritos. Solo que estaría garantizado el disfrute por todos y no por unos cuantos. ¡Ojalá salga adelante!