Rajoy y la Constitución

Rajoy ha sido duro con el PSOE hoy, por la pretensión de Pedro Sánchez de cambiar la Constitución. No ve motivo alguno para reformarla, a pesar de tener 36 años, desde que se aprobara en referéndum un 6 de diciembre de 1978. Solo vio un motivo para hacerlo hace 3 años, cuando el mismo PSOE, dirigido entonces por Rodríguez Zapatero, propuso la modificación del artículo 135 para introducir la obligación de la estabilidad presupuestaria para las administraciones públicas. Algo sobre lo que quiere dar marcha atrás el nuevo secretario general.

A Rajoy no le hace falta reformar la Constitución, pues ha gobernado con abundantes Decretos Ley que se han saltado la torera la letra y el espíritu de nuestra norma básica y fundamental, gracias a la mayoría absoluta que tiene en las cámaras legislativas. Un ejemplo, ayer mismo presentaron en sociedad el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que vendrá a sustituir a la de 1882, una ley muy reformada ya tras tanto tiempo, que no contempla adecuadamente el tratamiento ante los nuevos delitos  modernos basados en los avances técnicos. 

El PP ha aprovechado esta novedad para "meter mano" en la Constitución. Por ejemplo respecto del artículo 18. En proyecto de ley permite que el Ministro el Interior o el Secretario de Estado de Seguridad puedan ordenar la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, según nos informa el propio Gobierno. Es decir, que los "pinchazos" los ordene un miembro del ejecutivo sin previa autorización judicial, en caso de diversos delitos (terrorismo, criminalidad organizada...) con la clausula de "delitos que puedan ser considerados de especial gravedad". Algo que puede permitir la arbitrariedad del ministerio, al encontrarnos con un cajón de sastre donde pueda caber cualquier cosa que, a juicio del ministro o el secretario de estado, sea "de especial gravedad". Un concepto jurídico indeterminado que provocará numerosos abusos y litigios. Y encima saltándose otra vez a la torera lo que dispone esa Constitución, que dice Rajoy que no hay que reformar. Concretamente el artículo 18.3, que dice literalmente: 

"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial."

Pues bien, con este proyecto, si llega a buen puerto, el juez se podrá pronunciar solo a posteriori, confirmando o no la violación por el Ministerio del Interior de las comunicaciones. Ya no quedará garantizado el secreto del que habla la Constitución. En esto, como en otros casos más, Rajoy no modifica la Constitución, la viola simple y llanamente. Solo nos quedará que planteen el recurso de inconstitucionalidad los diputados de la oposición cuando la ley se apruebe en estos términos. Pero no habrá problema, el recurso no prosperará: para eso pusieron a un militante del PP en la presidencia del Tribunal Constitucional, con mayoría conservadora. Así no es necesario reformar la Carta Magna, claro.